Las estadísticas del Banco Central de Venezuela
Eddy Reyes
Torres 11 de julio
2015
El Banco Central de Venezuela (BCV) es una persona jurídica de derecho
público, de rango constitucional y naturaleza única. Es (o mejor dicho, debería
ser) un ente autónomo para la formulación y el ejercicio de las políticas de su
competencia; y además, no está (o mejor dicho, no debería estar) subordinado a
las directrices del Poder Ejecutivo. Precisamente por esa naturaleza y
característica tan especial, en su ley se le asignan funciones relevantes,
entre las cuales está la de acopiar, producir y publicar las principales
estadísticas económicas, monetarias, financieras, cambiarías, de precios y
balanza de pagos (artículo 7, numeral 13 de la ley del BCV). Se trata pues de
una función esencial y que es común a muchos bancos centrales del mundo, en
especial de los que operan en países democráticos.
Las estadísticas que debe producir y publicar el BCV tienen el mismo
valor que el mapa para un geógrafo, la brújula para quien necesite orientación
o el GPS para cualquier aviador o conductor de la actualidad. Por tanto, la
falta de publicación de tan importante data nos devuelve a épocas pasadas y
remotas que no están en sintonía con el mundo de hoy. Algo tan fundamental y básico
parece no importarles a las autoridades de dicho organismo, ni al gobierno
nacional, lo que es violatorio de la ley.
Por eso, lo que está ocurriendo con el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) es preocupante. El IPC es un indicador estadístico que mide el cambio
promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios representativos
del consumo familiar durante un período determinado. Por excelencia, el IPC
–que ha sido elaborado por el BCV desde 1945– es el indicador utilizado en el
análisis de la inflación. Su uso, sin embargo, va más allá. Así, entre otras
cosas, se le emplea en la actualización de deudas o pagos ordenados en procesos
judiciales, en las negociaciones de patronos y obreros para la determinación de
los ajustes salariales, en los ajustes futuros de los cánones de arrendamiento,
y como deflactor (proceso de trasformar valores monetarios nominales en otros
expresados en monedas de poder adquisitivo constante) de las cuentas nacionales
y otras estadísticas. Por tanto, la omisión en que incurre el BCV obstaculiza
el normal desarrollo de las anteriores y otras muchas operaciones y
actividades.
Para muestra un botón. Hace pocos días, un colega abogado me llamó por
teléfono para comentarme que había alquilado un local hace varios años y que en
el contrato de arrendamiento suscrito se contemplaba que a finales de julio de
cada año se haría un ajuste del canon de arrendamiento para los próximos doce
meses, de acuerdo con IPC publicados por el BCV en los doce meses precedentes.
En vista de la falta de información de los últimos seis meses, las partes
involucradas estaban evaluando usar, en la proporción correspondiente, la cifra
anualizada dada públicamente por un reconocido economista venezolano. El
guarismo en cuestión es cercano al que recientemente pronosticó el Bank of
América para este año (172,4%). Mi reacción fue indicarle que ambas partes
estarían jugando a la ruleta rusa porque al final una de las dos resultaría
perjudicada. Lo que vivimos en el campo económico a partir del mes de enero, es
un torbellino devenido en terrible huracán. Cada día, por la falta de toma de
decisión del gobierno, la situación empeora más y más; y nada asegura que las
políticas de paños calientes que al final se adopten, cambien radicalmente las
expectativas y pronósticos. Mi sugerencia fue que acordaran una cifra
estimativa, con el compromiso escrito de que al momento en que el BCV se
dignare cumplir con su función, se hicieren los reintegros o pagos adicionales,
según fuere el caso. Eso aseguraría el equilibrio entre ambas partes.
Más allá de las soluciones puntuales que los abogados y economistas
puedan encontrar a cada problema, lo anterior nos es más que una pequeña
muestra del deterioro que vive el país en un área muy específica.
Pues bien, como se ha dicho, desde finales del año pasado, el BCV
incumple con una de sus funciones básicas y viola flagrantemente su ley. Por
tanto, la justificación que el presidente del mencionado organismo ha dado en
una reunión con periodistas, en el sentido de que “la inflación no se publica
porque hay una inconsistencia metodológica con otra entidad gubernamental que
mide la inflación, el Instituto Nacional de Estadística”, no es más que una
baladronada.
Si los poderes del Estado realmente fueran independientes y funcionaran,
el Directorio en pleno habría sido destituido y este cuento se habría acabado.
Pero como estamos en tiempos de revolución (bonita), la violación e
incumplimiento se produce como si nada, por el lapso que se les antoje a unos
líderes que no lideran. Es por ello que desde esta tribuna no podemos más que
limitarnos a llamar al orden a las autoridades del BCV.
